El campo sufre una sequía que también
amenaza al sector alimentario, al turismo y a la industria. No llueve, pero
tampoco se invierte en agua. España se enfrenta a multas millonarias tras
reducir la inversión hídrica un 90%
En 2015,
antes de que la sequía financiera que ha copado la agenda política de los
últimos 10 años se replegara, otra sequía, la meteorológica, empezaba a
amarillear el paisaje de España. La escasez de agua es un problema estructural de nuestro país que se ve agravado
cíclicamente por la falta de lluvias y siempre daña al medio
rural antes de colarse entre las preocupaciones de la sociedad urbana y, por
extensión, del Gobierno. La falta de lluvia lleva ya un año y medio haciendo
mella en nuestro sector agrícola (que representa el 2,5% del PIB) y empieza a
afectar a la industria, al turismo y al bolsillo de los hogares por el
encarecimiento del recibo de la luz y por la amenaza de que, si nada cambia, en
2018 se puedan imponer restricciones al consumo de agua.
En las
cuencas del Segura y el Júcar, la sequía fue declarada hace tres años. Pero
poco a poco, la falta de agua ha ido afectando a otras zonas que no están
acostumbradas a lidiar con la escasez hídrica, como la cuenca delDuero, donde
las precipitaciones han caído un 30% en 2017 frente a la media desde 1981. La
España verde -Galicia, Asturias o Cantabria- también sufre esa falta de
precipitaciones con repercusiones económicas en su medio rural.
«Ahora
que se habla de la amenaza de restricciones de agua en 2018, la población urbana empieza a preocuparse, pero en el
campo llevamos en este estado de ánimo al menos un año y medio», reconoce a
este periódico un portavoz de los servicios técnicos de Asaja. No hay una
estimación clara de a cuánto pueden ascender las pérdidas sufridas por la
agricultura en los últimos meses, pero algunas fuentes las elevan a 2.500 millones de euros. Agroseguro (que agrupa a las
aseguradoras para dar cobertura a un sector tan vulnerable a las catástrofes
climatológicas como es el agrario) estima que el coste que tendrá que afrontar
para el pago de las indemnizaciones por las pérdidas agrícolas alcanza ya los 732 millones de euros. El Gobierno subvenciona
las pólizas de los agricultores con 211,4 millones de euros anuales, pero según
pasan los días sin lluvia hay más voces que reclaman más ayudas estatales para
paliar los daños.
Por
número de hectáreas, los cultivos herbáceos (trigo, cebada y avena)son los más
afectados tras registrar este año la segunda peor cosecha de los últimos 12
años, según Asaja. El miedo es que la situación se repita o incluso empeore en
2018. La falta de lluvia ha impedido sembrar hasta la fecha y los agricultores
miran al cielo por si cae agua y pueden recuperar el tiempo perdido gracias a
las técnicas mecanizadas que agilizan la siembra. Pero la esperanza es
pequeña.Si en noviembre no llueve, la estadística dice que será difícil que lo
haga en los meses siguientes.
El
precio del pan y otros productos básicos que consumen los ciudadanos se ha
mantenido, pero gracias a las importaciones.Así, los agricultores son los
únicos que han notado la crisis. «La producción de trigo es global y en los
mercados internacionales las materias primas agrícolas han experimentado una revalorización muy pequeña, e incluso alguna pérdida, en
lo que va de año», explica el analista económico, Juan Ignacio Crespo.
La uva
también ha sido víctima este año de una vendimia corta, de buena calidad, según
los expertos, pero con una caída en la colecta que en algunas regiones alcanza
el 40%, lo que podría encarecer el precio del vino. Una situación preocupante
que comparten los productores de aceite de oliva en plena época de recolección
de la aceituna. La producción alcanzará 1,1 millones de toneladas en 2017,
frente a las 1,38 millones del año anterior, y desde Asaja se advierte de que
esa cantidad podría ser incluso inferior si sigue sin llover. En este caso,
España sí es líder en producción y el aceite de oliva se ha encarecido en el
supermercado de forma importante en los últimos tiempos. A la merma de las
cosechas se une el aumento de la demanda del aceite made inSpain por la mayor
actividad exportadora de este sector.
La
huerta mediterránea también sufre la sequía por la falta de agua en la cabecera
del Tajo para abastecer el trasvase al Segura y regar las plantaciones del
Levante, lo que ya ha generado protestas contra el Gobierno de los regantes
locales que advierten de que esta sequía es la peor en décadas.
Casi en
peor situación que la agricultura se encuentra la ganadería extensiva en
regiones como La Rioja, Navarra o Galicia. La ausencia de lluvia ha dejado sin
pastos para comer al ganado, que tampoco puede beber en los manantiales o
charcas. Asumir el coste de la alimentación y abrevar las reses es un gasto
importante para los ganaderos, en su mayoría autónomos que viven aislados en
zonas remotas.Esto pronto se traducirá en una reducción del número de cabañas,
lo que hace augurar a los expertos que una vez más, esta sequía va a acelerar
la despoblación de las zonas más áridas.
La falta
de agua genera tal nerviosismo que algunas asociaciones que representan a los
agricultores miran con recelo los consumos que desde otros sectores, como el
eléctrico, se está haciendo del agua.
La
factura de la luz es, precisamente, una de las afectadas por la sequía, puesto
que la producción de energía hidráulica y eólica -más baratas que otras
fuentes- está bajo mínimos por falta de precipitaciones y viento. Su caída en
la generación eléctrica ya se ha trasladado a la factura de los consumidores
medios (aquellos que tienen la tarifa de último recurso) con un encarecimiento
entre enero y octubre de este año del 12% en la luz y de hasta el 4,5% en el
gas.
La
tensión que se vive en el campo es un revés para la industria alimentaria
española, la quinta de la UE por valor de ventas con un 7,5% del total, según
datos del Ministerio de Agricultura.Y aunque otros sectores, como el turismo,
aún no han notado esta crisis que empezó siendo meteorológica y ya es
hidrológica, si la ausencia de precipitaciones se mantiene en el tiempo, las
restricciones de agua podrían afectar a los turistas que el próximo año visiten
nuestro país.
«El
turismo representa el 12%del PIB español y es uno de los motores de nuestro
empleo. España recibió en 2016 cerca de 75 millones de visitantes
extranjeros y se espera que en 2017 la cifra ronde los 80
millones. Los turistas se concentran en el Mediterráneo, el Golfo de Cádiz y
los archipiélagos -justo las zonas de mayor estrés hídrico- y lo hacen entre mayo
y septiembre, conviviendo en julio y agosto con los nacionales.«Son las épocas
de menor disponibilidad de agua», alerta el director académico del Foro de la
Economía del Agua y coordinador de Economía del Agua de IMDEA, Gonzalo de la
Cámara.
Junto al
turismo, la industria también tiene motivos para preocuparse.El aumento de
productividad que con tanto esfuerzo ha registrado en los últimos años gracias
a una dura contención salarial y reestructuración podría verse contrarrestado
ahora por el encarecimiento de la factura energética e incluso un potencial
recorte del suministro de agua el próximo año.
La falta
de agua no se debe sólo a la falta de lluvias. Según datos de Seopan, España
pierde un 26% de agua como consecuencia de su deficiente red de distribución.La
mala gestión hídrica empeora las consecuencias de la sequía.
Un caso paradigmático es el de la agricultura,
un sector con un peso relativamente pequeño en nuestro PIB que, sin embargo,
consume el 70% de nuestro agua. «Dentro del sector, el 90% del agua de riego
que se utiliza genera el 10% del valor añadido bruto de la agricultura. Y, al
revés, el 10% del agua genera el 90% de valor. Convive una
agricultura altamente eficiente en el uso de agua con otra que no lo es»,
explica de la Cámara, que emplea el ejemplo para hacer una llamada a la
reflexión y no para demonizar a esa agricultura poco eficiente que contribuye a
frenar la despoblación de las zonas más remotas de España.
Aunque el cambio climático no ayuda,
buena parte del paisaje español siempre ha sido árido y sequías como la actual
son cíclicas. La pregunta es si en los últimos años no se podría haber hecho
algo para paliar los efectos de un problema recurrente como es la falta de
agua.Y en la respuesta se esconde el estremecedor recorte que ha sufrido en
este tiempo la inversión pública en las infraestructuras de un recurso tan
necesario para la población. De 2007 a 2016, los PGE han recortado en un 90%, hasta 346 millones de euros, el
presupuesto para licitar obras hidráulicas nuevas, mientras que el dinero
público dedicado al mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas existentes
ha caído otro 42%, hasta 611 millones.En ejercicios como 2016, a la caída de
las cifras se unió el hecho de que sólo se ejecutara el 40% de los 959 millones
presupuestados.
«Desde que se inició la consolidación
fiscal en 2010, hemos asistido a una reducción sistemática del volumen de
inversión pública en todo tipo de infraestructuras, pero las hidráulicas han
sido las que más se han resentido», lamenta el presidente de Seopan, Julián
Núñez.
Las comunidades autónomas también han
aplicado recortes en esta materia, siendo Andalucía, Valencia, Extremadura,
Castilla y León y Madrid, por este orden, las regiones que más necesitan
inversiones en agua.
Un informe elaborado por la ingeniería
Sener estimaba que España tiene que invertir 12.013
millones de euros (2016-2021) para acometer un total de 510
actuaciones urgentes en infraestructuras del agua. Se trata de trabajos que ya
están contemplados en los Planes Hidrológicos de Cuenca, pero que están a la
espera de recibir un impulso definitivo. «Hay fórmulas de cooperación
público-privadas que podrían funcionar para poner en marcha muchos de esos
proyectos, pero falta determinación de las administraciones», afirma Núñez.
Llama la atención que aunque más del 72%
de la superficie de España está en situación de estrés hídrico severo,
nuestro país invierte en infraestructuras para el agua un 56% menos que la
media de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia.En concreto, sólo
el 0,11% del PIB, según un informe que elaboró la consultora A.T. Kearney por
encargo de Seopan.
Como consecuencia de esa falta de
atención a la política hídrica, España se enfrenta a sanciones
millonarias de la UE por incumplimientos en materia de agua. En
noviembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la UE condenó a este país al pago
de una multa de 46,5 millones de euros, más 171.217 euros diarios, por
incumplir la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas en 17
aglomeraciones -repartidas entre Andalucía (8), Asturias(2), Galicia
(3),Comunidad Valenciana (3) y Canarias (2)- donde viven 1,4 millones de
personas. Una sanción que será reclamada en 2018 por la Comisión Europea. Pero
además de esa multa, existen otros más de 90 procedimientos
abiertos contra España por incumplimiento de las directivas
comunitarias en materia de agua.
«No se ha tomado conciencia de la
situación. El Pacto Nacional del Agua era un punto de partida, pero no vemos
avances», reconoce Núñez.
En esta misma dirección, el coordinador
de Economía del Agua de IMDEA lamenta que el agua se aborde «como un problema
sectorial que afecta a la vivienda, a la energía hidroeléctrica, la
agricultura, etc. y se suela tratar como un asunto de bajo perfil, como si
fuera un tema medioambiental menor, cuando España es un país con condiciones de
aridez y semiaridez y la falta de agua es un limitante para su desarrollo». De
la Cámara insiste en la idea de que «cuando empiece a llover no acabará la
sequía, porque la escasez de agua es estructural».
RESUM:
Aquesta notícia tracta sobre el problema
que hi ha actualment amb la poca pluja que esta havent i per tant totes les
conseqüències que està provocant a nivell agrícola, a nivell econòmic i els
problemes que poden originar a la llar.
Aquest són múltiples i això també provoca
problemes ja que és una falta de previsió de l'estat i això fara que Espanya
tingui problemes a nivell econòmics
URL:
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/11/26/5a1889ae46163f981e8b456e.html
